De gatos y ratones. Impresiones y presiones del Paro Nacional en Ecuador

Por Odalis Falcón

“En 2030 no tendrás nada y serás feliz”

FMI

“¡Hijo ‘e puta!”. Me salió del alma. (No es que sea particularmente sensible a lo político, es que soy reacia al ejercicio obsceno del poder, de cualquier poder). Un camión antimotines se había detenido en seco en la esquina que queda debajo de mi apartamento, y había disparado una bomba de gas lacrimógeno, para volver a salir a toda carrera en persecución de sus presas. No les grité “ratones”, que en algunos lugares también significa “cobardes”, porque no lo iban a entender y porque actuaban como gatos. Fue como ver una película —los ventanales de mi apartamento oficiaban de pantalla, una pantalla, por más, curva, todo un panóptico—, solo que realista hasta la crueldad. Y encima había dimensiones que anulaban el distanciamiento estético, porque el humo de las bombas lacrimógenas huele y duele.

Momentos antes había visto reunirse en las esquinas y en medio de las calles a un grupo de muchachos, nerviosos, enmascarados, alertas. Algunos intentaban arrancar uno de los mojones de cemento —hay cuatro, no sé por qué, y sin ninguna inscripción, acaso no sean mojones sino bolardos o pedestales enanos esperando qué sé yo qué utilidad— de la esquina donde luego se detendría el camión, supongo que para reducirlo a proyectiles: escaseaban las piedras. Mientras, por las cercanías, en las avenidas 10 de agosto y Patria, en el puente del Guambra, en el parque El Ejido, tal vez más allá: en El Arbolito, en la Casa de la Cultura, se oían constantes gritos y explosiones, el ruido de la protesta y la represión. Y se llama así: lo que hace el poder frente a las protestas se llama “represión”, y es algo contradictorio, porque las protestas son, más que legales, “constitucionales”, al menos aquí, en Ecuador, en el año 2022.

Esto que cuento ocurrió el miércoles 22 de junio, el décimo día del Paro Nacional, que hoy, 30 de junio, concluyó con más penas que glorias. Pero todo empezó mucho antes del Paro, y no hablo de siglos, del subdesarrollo “endémico”, sino del año que llevan los representantes de las comunidades indígenas tratando de dialogar sin resultados con el presidente Guillermo Lasso, exbanquero y exbachiller, no, no, bachiller —¡y a mucha honra!—, aunque ya se le haya olvidado todo. Por supuesto, el diálogo que se quería establecer con el Gobierno pretendía abordar problemas que se habían agravado en el país: de manera general, el aumento de la pobreza y la desigualdad como consecuencia de la política de austeridad iniciada bajo la presidencia de Lenín Moreno y continuada bajo la presidencia actual de Guillermo Lasso, en cumplimiento de las exigencias del FMI, a las que se sumaron las consecuencias socioeconómicas de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Finalmente, el 13 de junio, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió presentarle a la presidencia un documento que recogía diez demandas (Demandas de la Movilización Nacional, Popular y Plurinacional) y declarar el Paro Nacional, conjuntamente con el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y otras organizaciones sociales, como el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores y colectivos feministas, ambientalistas, cristianos y estudiantiles.

El Gobierno no les dejó otra alternativa, se cansaron de ese juego suyo en el que a ratos es el gato y a ratos, el ratón —no me crean, en realidad siempre es el gato y a ratos se hace el ratón— que persigue el objetivo de evitar a toda costa el diálogo con los representantes legítimos de las organizaciones sociales para garantizar la imposición del “paquetazo” del FMI, en el que se incluye la venta del país a los poderes globales; más exactamente, a las trasnacionales y sus cuarenta ladrones.

Este comportamiento del Gobierno, por supuesto, continuó durante los dieciocho días que duró el Paro Nacional. Así se dictaron y quitaron dos estados de excepción, como quien prende un cigarrillo con otro, jugando al ratón con la Asamblea Nacional y al gato con los manifestantes, con los que también hizo las veces de ratón, digamos que con ellos se comportó como una suerte de bestia híbrida, mezcla de gato y ratón. Y el 29 de junio se decretó un tercer estado de excepción que sigue vigente para cuatro provincias.

Curiosamente, el decreto del primer estado de excepción, el Nro. 455, tuvo dos versiones: en la primera, que fue difundida en las redes sociales con la firma del presidente, se incluía una restricción a la libertad de información; mientras que en la segunda, uy, se eliminaba esta restricción después de que el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, calificara a la primera de “borrador” —“borrador” dice, ¡cazabobos!—. Ahora bien, al mismo tiempo de esta acción gatuna que amparaba la represión contra las protestas, el presidente respondía, ratonil pero a cuentagotas, algunas de las exigencias de la CONAIE (Carta del Presidente de la República a la CONAIE).

Pero las jugadas con el primer decreto no pararon allí. Resulta que a punto de que la Asamblea Nacional revocara el estado de excepción —necesitaban 70 votos y ya tenían al menos 80—, Lasso lo derogó e impuso, mediante el decreto 459, un nuevo estado de excepción cuya principal diferencia con el primero radicaba en que añadía tres provincias más.

A su vez, el decreto 459 sirvió también para una nueva jugada. Mientras los asambleístas sesionaban, larga y virtualmente, para decidir la propuesta de destitución del presidente Guillermo Lasso por “grave crisis política y conmoción interna”, este se adelantó y derogó, mediante el decreto 461, el estado de excepción que había impuesto precisamente “por grave conmoción interna”. “Nada por aquí, nada por allá”. No lo dijo, pero lo pensó, y, lo que es más grave, lo hizo. Sí, se trató de un acto de magia burdo, de un timo de charlatán, nada ha desaparecido, todo sigue ahí, y todos lo saben, pero, con todo y eso, tal vez le compren, no me pregunten por qué (cito a la asambleísta Ana Belén Cordero, miembro del Movimiento CREO, el partido del presidente Guillermo Lasso, y esposa del secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, también miembro del Movimiento CREO, la crème de la crème, quien implicó citando a Shakira que, como la Asamblea Nacional se había mostrado “ciega, sorda y muda” ante los estados de excepción decretados por el expresidente Rafael Correa, ahora debía mantenerse así. No da risa, da ganas de llorar; que alguien cite a Shakira en una sesión de la Asamblea Nacional quiero decir). Debo aclarar que todo esto sucedió en la primera sesión del debate de la propuesta de destitución del presidente Guillermo Lasso, la cual se llevó a cabo el sábado 25 de junio, y que el final de este debate de la Asamblea Nacional era previsible, los promotores de la propuesta de destitución del presidente no contaban con los 92 votos que se necesitaban para que esta procediera. Así, el 28 de junio de 2022 la Asamblea Nacional de Ecuador realizó la votación para decidir la destitución del presidente de la República de Ecuador, Guillermo Lasso, y la moción fue rechazada porque solo se alcanzaron 80 votos afirmativos. De esta manera, Guillermo Lasso se mantuvo como presidente.

Y hablando del proceso de destitución, el presidente de la CONAIE, Leónidas Iza, repitió hasta el cansancio que el objetivo del Paro Nacional no era destituir al presidente, sino que se cumplieran las diez demandas presentadas por ellos a la Presidencia. Sin embargo, la acusación de “grave crisis política y conmoción interna” promovida por otros —específicamente por asambleístas miembros del partido UNES; es decir, por la bancada correísta— parece justificarse a través de las causas que condujeron al Paro Nacional y que rebasan con mucho los problemas recogidos en las diez demandas, así como a través del manejo nefasto que ha hecho el Gobierno de una protesta legítima amparada por la Constitución del país. Las pruebas son ostensibles: la violencia desatada por las fuerzas represivas estuvo autorizada por el propio presidente Guillermo Lasso, así como por el ministro del Interior, Patricio Carrillo; la campaña de desinformación llevada a cabo por los medios oficiales no ha escatimado noticias falsas y difamaciones (el director del centro de Inteligencia Estratégica —CIES—, Fausto Cobo, aseguró que el Paro Nacional ha sido financiado por el narcotráfico y el crimen organizado) que aprovechan, e inflaman, los prejuicios inherentes a la violencia estructural y cultural que persisten en la sociedad ecuatoriana, y encima las acusaciones a los manifestantes estuvieron encaminadas en todo momento a criminalizarlos, a lo cual, como denunció el presidente de la CONAIE en varias ocasiones, y especialmente en el diálogo entre el Gobierno y la CONAIE que tuvo lugar el lunes 25 de junio en la Basílica Nacional (al que no asistió el presidente Guillermo Lasso por padecer de COVID-19: el poder nunca tuvo un cómplice —un esbirro— “natural” tan conveniente), contribuyeron la labor de infiltración de las fuerzas represivas entre los manifestantes y las acciones desarrolladas por estas para desacreditar su causa mostrándolos como violentos. Todo esto, por supuesto, condujo en ocasiones a una radicalización de los manifestantes, que respondían mayormente con piedras al ataque con bombas de gases lacrimógenos y con perdigones.

Un ejemplo ampliamente denunciado es el que se refiere a los acontecimientos que tuvieron lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Todo convergió allí como si se tratara de una suerte de fractal del Paro Nacional: denuncias falsas, jugadas —o jugarretas— políticas, represión, criminalización, acciones de falsa bandera y otras vilezas. Todo empezó el día 19 de junio, cuando tuvo lugar en este espacio un verdadero gambito de rey —nada romántico—, un quítate tú para ponerme yo: tras la supuesta denuncia de un “ciudadano” hasta donde se sabe anónimo —el soldado desconocido— de que allí se guardaban armas y explosivos que serían usados por un grupo de “venezolanos y ecuatorianos” para atacar nada menos que a la Presidencia de la República, la policía, cumpliendo una orden de la Fiscalía (con faltas de ortografía incluidas; no sé qué habrán buscado como material “vélico”), ejecutó el allanamiento a la Casa de la Cultura. No encontraron nada ni detuvieron a nadie —definitivamente no había material “vélico”—, como era de esperar de un pretexto que sirvió para que la policía instalara en este espacio un albergue de la unidad operativa de control del orden público y lograra así despojar a los manifestantes de un lugar de reunión y albergue que ya había funcionado como tal durante el Paro Nacional de octubre de 2019.

Pero la cosa no paró ahí, los dirigentes de las protestas pusieron como una de las condiciones para iniciar el diálogo que la policía abandonara la Casa de la Cultura y que se les permitiera el ingreso a los manifestantes. Y el 23 de junio el Gobierno pareció ceder. De nuevo el discurso ladino que presentaba el retiro de la policía como una muestra de la disposición del Gobierno para entablar el diálogo. Hasta Leónidas Iza creyó en la “buena voluntad” del Gobierno. Sin embargo, al día siguiente, el viernes 24 de junio, se hizo evidente la verdadera intención del presidente Guillermo Lasso: después de que declarara en Cadena nacional que “la intención real del señor Iza es el derrocamiento del Gobierno” y de que anunciara que el Gobierno nacional utilizaría “todos los recursos que la ley lo faculta para enfrentar a los vándalos y criminales” y que “la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán con los medios necesarios para defender, dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia”, la Policía atacó brutalmente a los manifestantes reunidos en el parque El Arbolito y en la Casa de la Cultura, y los desalojó, por “vándalos y criminales”. Pero sobre todo porque se trataba de una oposición intolerable: la de los humillados y ofendidos que se atrevían a exigir el cumplimiento de derechos que ellos les habían dado. ¡Serán creídos!

Pero veamos a estos “vándalos y criminales”. ¿Cuáles eran sus armas? Piedras, ya lo dije, y lo dije porque lo vi: las piedras eran el arma más común de los manifestantes, además de sus voces; y también llevaban palos y lanzas —¡qué peligro!—. A veces devolvían las bombas lacrimógenas que les lanzaban (resulta paradójico que la Convención de Ginebra haya prohibido, desde 1993, su uso en la guerra y que, sin embargo, se siga permitiendo su empleo para reprimir manifestaciones civiles; eso sí, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recomienda-sugiere-solicita que se usen en situaciones en que sea “estrictamente necesario, y nunca dentro de establecimientos educativos y de salud”, ¡qué humanitarios!), y a veces lanzaban petardos u otros artefactos que solo hacían ruido. Pero, de maneral general, los implementos de los manifestantes eran defensivos: escudos, pañuelos, hojas de eucalipto.

Por otra parte, ¿de qué manera alguien que protesta contra la miseria no tiene razón? Los acusaron de alterar el orden, la paz, ¡la democracia! —esa palabra que es un mantra adormecedor, en cualquier parte del mundo—, y los insultaron y les exigieron que regresaran mansamente a sus remansos de creciente e invisible horror. Restablecer el orden, la paz, la democracia significa entonces devolver la violencia directa a la habitual violencia estructural y cultural. ¿Quién disfruta el orden, la paz, la democracia? ¿Quién se beneficia de ellos y, lo que es más grave, quién los sufre? Y estas no son preguntas “partidistas”, son preguntas de justicia elemental. No de esa justicia que es ciega para algunos y tuerta para otros —el ojo vidente hacia los favorecidos y el invidente hacia los jodidos—, sino de esa que practicaba en su ínsula de Barataria el sabio Sancho Panza, esa utopía.

El día 28 de junio de 2022, mientras los dirigentes del Paro esperaban larga y pacientemente por los representantes del gobierno para continuar el diálogo, el presidente Guillermo Lasso anunció en una intervención plagada de mentiras que no volverá a dialogar con Leónidas Iza. Resultó gracioso —por no decir “cínico”— que el presidente dijera que no volvería a dialogar cuando nunca lo hizo y que invocara una vez más —¡hasta cuándo!— la “democracia” y llamara “hermanos” a los indígenas.

Finalmente, el 30 de junio de 2022, con la intermediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y después de esperar largamente una vez más a los representantes del Gobierno (demoraron horas en presentarse, y Guillermo Lasso siguió brillando por su ausencia; esta renuencia suya a encontrarse con los indígenas hace dudar de que los considere “hermanos”: los hermanos se quieren y se visitan), los dirigentes del Paro firmaron el Acta por la paz. Los acuerdos no llegaron ni con mucho a las diez demandas, pero los dirigentes del Paro, que se habían mostrado hasta entonces dispuestos a continuar la lucha hasta que todas ellas fueran cumplidas, decidieron ponerle fin a la protesta; desconozco las razones, pero puedo imaginarlas, y no porque yo sea una vidente sino porque la historia se repite ya demasiado.

No importa, yo me quedo con los muchachos que corrieron frente a mi casa y por todo Quito y todo Ecuador. Puede que no lograran nada, “o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual” —apenas unos míseros 15 centavos, ni siquiera a centavo por día que duró el paro—, puede que regresaran a su hambre y sus carencias y sus trabajos bestiales, puede, como querían algunos, que volvieran a invisibilizarse después de “salir del abismo un segundo irrespirable”, pero queda la esperanza de que pueden visibilizarse a voluntad y, sobre todo, queda la certeza de que la mansedumbre no está garantizada.

Ahora bien, aunque la culpa es la que preocupa, porque la culpa —esa culpa que parece endémica: doscientos años de subdesarrollo y contando— es la que hace sublevarse a las víctimas, hay que hablar de los culpables. Hablemos entonces de ese culpable, que no es el último, el más culpable (esa Hidra de Lerna que tenía varias cabezas y había que cortarlas todas, incluida la única inmortal, y quemar los cuellos para que no renacieran otras), pero es un culpable colosal: hablemos del FMI. Y no pretendo descubrir el agua tibia, todos saben lo que hace el FMI en nombre de la democracia. Curiosamente, en medio de la conmoción interna que sufría el país, de la que el Paro Nacional no fue la causa sino un síntoma —grave, pero un síntoma—, el FMI dispuso un desembolso inmediato de 1000 millones para Ecuador alegando que “la economía se recuperó con un crecimiento del 4,2 % en 2021, apoyado por una exitosa campaña de vacunación y una buena gestión macroeconómica. Se ha preservado la estabilidad macroeconómica y financiera. Si bien la guerra en curso en Ucrania está afectando negativamente a algunos sectores de exportación, los precios más altos del petróleo están mejorando los equilibrios externos y fiscales de Ecuador” (estas son palabras de Antoinette Sayeh, directora gerente adjunta y presidenta interina del FMI). ¿A alguien más le resulta esto sospechoso? Porque es descarado.

Hay dos hechos que a la luz de los acontecimientos recientes resultan muy reveladores. El primero fue la aprobación el 7 de junio de 2022 por la Asamblea Nacional del proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. Y el segundo fue la proposición que hizo el presidente Guillermo Lasso en la Novena Cumbre de las Américas efectuada en Los Ángeles (California) en junio de 2022. ¿Qué propuso? Nada más y nada menos que aplicar un Plan Ecuador similar al Plan Colombia con la cooperación de Estados Unidos. En ambas ocasiones, se planteó que el objetivo final era luchar contra la delincuencia y el crimen organizado, lo cual parece muy justo; pero ahora que el presidente Guillermo Lasso insistió en acusar a los manifestantes del Paro Nacional de vándalos, delincuentes y narcotraficantes —a los narcotraficantes reales hay que cuidarlos, ¡que nos quedamos sin pretexto!— queda claro de qué se trataba: de crear los mecanismos necesarios para garantizar la eliminación de toda resistencia popular que impidiera el cumplimiento de los compromisos contraídos con el FMI.

El FMI nos promete que para el año 2030 no seremos dueños de nada y seremos felices. Ya muchos no tienen nada, solo les falta la felicidad. Más jodidos están los otros, los que tienen algo, esos ya tienen alguna felicidad y no tendrán nada.

Agradezco por su apoyo al fotógrafo Josué Araujo, así como a María Fernanda Vallejo, María Victoria Novillo, Diego Coral, Julio Miranda y Alexis Alemán.

Odalis Falcón Sánchez es crítica e historiadora del arte. Ha sido docente e investigadora en diferentes universidades, institutos y escuelas de arte. Así mismo, ha sido directora de galerías de arte y curadora de múltiples exposiciones personales y colectivas. Cuenta, además, con una vasta experiencia como correctora y editora.