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La crisis del Cine Argentino en la era macrista

El Estado al servicio de las grandes productoras

Desde finales de los años 90, el Cine Argentino fue alcanzando una reputación, a nivel mundial, atípica para la región. La presencia, en los más reconocidos festivales internacionales -como Cannes, Berlín, Venecia, Toronto o San Sebastián-, se convirtió en moneda corriente. Y hasta hubo nominaciones de la Academia de Hollywood y un Oscar, varios Goya, una docena de Premios Platino, y otro tanto de Premios Fénix. Este hecho no fue casual, sino que fue fruto de una política de Estado, que permitió el surgimiento de nuevos cineastas que asumían riesgos estéticos y narrativos como, también, el de aquellos que preferían apostar más por lo clásico o las fórmulas probadas.  Durante años, el Estado Argentino apoyó tanto a películas pequeñas, medianas y grandes, documentales, ficciones y animaciones, cortos y largometrajes; siendo la producción cinematográfica local una de las más reconocidas de toda Latinoamérica y generando alrededor de 5 mil puestos de trabajo.

El punto de inflexión de este fenómeno fue la aprobación de la Ley de Cine en 1994, que estableció la creación del Instituto Nacional del Cine y de Artes Audiovisuales (INCAA). Un organismo autárquico, financiado con el 10% del precio de las entradas de cine y con un 25% de la recaudación del Ente Nacional de Comunicación (ENACOM), que establece un canon a la televisión para abonados y la publicidad de los canales abiertos. En 1994 se estrenaron 14 films, mientras que en 2017 el número llegó a 220.

Con la asunción de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación en 2015, el sector cinematográfico comenzó a decaer sistemáticamente. Entre operaciones mediáticas que se llevaron puesto al ex presidente del INCAA, Alejandro Cacetta, congelamiento de créditos, atrasos en los pagos de subsidios, comités de evaluación sin nombramientos, rodajes postergados y subejecuciones del presupuesto. Hechos que desataron una crisis que parece no tener fin y que posee el claro objetivo de desfinanciar la producción cinematográfica para desviar fondos hacia otras áreas, así como la de eximir a las cableoperadoras del pago del canon que la financia.

Cine Gaumont

Durante una de  las últimas reuniones del Consejo Asesor, órgano de cogobierno del INCAA, su presidente, Ralph Haiek, un hombre proveniente de la televisión, reconoció la subejecución de fondos para el fomento cinematográfico. Son 401 millones de pesos en 2017, que se suman a los 420 millones de 2016. La confirmación viene acompañada de otro dato: 756 millones están colocados en un plazo fijo, desviando recursos para la producción cinematográfica hacia inversiones bancarias. Pero, si se suman los montos de la subejecución, aun estarían faltando 65 millones de pesos que no se encuentran en el plazo fijo y de los que no se rinde ninguna cuenta. Como tampoco se rinde cuenta de los intereses bianuales de esta supuesta inversión. Con estos números, no cabe la menor duda de que la producción cinematográfica se encuentra en grave peligro. Aunque, esto parece no afectar a las grandes productoras que se ven favorecidas por el cambio de normativas en favor de ellas y en perjuicio de las más chicas y medianas.

Un comunicado de DOCA (Documentalistas Argentinos) denuncia que el INCAA le liquidó $51.200.029 a una sola productora: Patagonik, integrada por Artear, Disney y Cinecolor, que generó en taquilla $297.872.191, agenciándose además el 50%, o sea, $148.936.095, en concepto de recupero industrial. El INCAA le sumó a este monto subsidios por $51.200.029. Mientras, para todos los productores los subsidios son recupero de costos, para las películas de Patagonik, los subsidios pasan a ser ganancia. DOCA, una de las asociaciones que nuclea al cine documental, sostiene que hay “una clara alianza entre la gestión actual del INCAA y los intereses de una productora que no necesita de los fondos cinematográficos para producir, cuyas películas no pasan por ningún comité de evaluación y que recibe dinero público, no para recuperar la inversión, sino como mero lucro”.

En mayor o menor medida, el diagnóstico para todos los sectores que conforman al cine argentino resulta unánime: el cine argentino está en peligro de extinción. Con excepción del que se hace desde las grandes productoras, a las cuales las políticas del oficialismo no paran de favorecer.

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