YPF, entre el fallo y el relato

(Nota publicada en Revista Acción el 30 de marzo de 2026).

Los últimos días fueron impactados por la trascendente decisión de la corte de apelaciones neoyorquina, ratificando la legitimidad de la recuperación de la soberanía y control de YPF realizada en 2012.

Sin embargo, el acontecimiento inevitablemente generó una disputa de carácter cultural, ya que el presidente de la nación, Javier Milei, ante la importancia de la noticia, tomó la iniciativa de generar una cadena nacional atribuyendo el éxito alcanzado a su gestión, contrastando con lo que, argumentó, fue un gravísimo error del Gobierno de entonces, encabezado por Cristina Fernández y su ministro de Economía, Axel Kicillof.

Ambos, que fueran declarados «culpables» por los medios de comunicación hegemónicos y sus periodistas independientes, fueron ahora declarados «inocentes» por el tribunal norteamericano.

Con todo, hay que reconocerle al presidente su pertinacia, ya que nuevamente pretende vender YPF, como en 1993 lo hizo Carlos Menem, con resultados catastróficos para el interés nacional.

Todo indica que Milei volverá a fracasar en su intento, como ya ocurrió cuando incluyó a nuestra petrolera de bandera entre las empresas privatizables en su proyecto original de la denominada Ley Bases. Pese a que la ley fue aprobada por legisladores «amigables» con el oficialismo, incluyendo a algunos peronistas que venían de un paso por el macrismo, bajo el argumento de otorgarle gobernabilidad al presidente, excluyeron a YPF de la lista de compañías públicas sujetas a una eventual privatización.

Trasfondo

Lo cierto es que este acontecimiento vuelve a mostrar que los grandes prestamistas internacionales, bien llamados «buitres», siempre encuentran un Griesa o una Preska, solo que en esta oportunidad miss Loretta se estrelló, ya que su discrecionalidad legal y su asociación con los buitres superaron lo tolerable.

El hecho emergió con el trasfondo cada vez más crítico de un modelo económico en decadencia, que genera una creciente crisis social, que implica para las grandes mayorías graves dificultades para atender las necesidades básicas como alimentos, el pago de los servicios públicos y las deudas con las tarjetas de crédito.

En suma, el presidente Milei intentó aprovechar la oportunidad para recuperar una agenda perdida, lo cual a la postre resultó infructuoso.

Ante este cuadro, el Gobierno, muy impulsado por los grandes medios que lo respaldan, intenta responder –como siempre– yendo por más. Se propone entonces impulsar en el Congreso Nacional una ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye cambios para facilitar los desalojos en procesos más rápidos, y también se dispone a eliminar las restricciones a la titularidad extranjera en la posesión de tierras rurales, con el perimido argumento de que debe haber «igualdad para todos en el acceso a la propiedad». Equipara, de este modo, a un pequeño productor con grandes propietarios de decenas o cientos de miles de hectáreas, o fondos de inversión transnacionales que manejan recursos inconmensurables.