Las Causas
Escribir no es sólo un acto de resistencia es, también, un deber y, sobre todo, cuando las relaciones asimétricas entre quienes ejercen el poder son tan desmedidas frente a un pueblo que observa con estupor cómo se intenta cercenar sus derechos laborales, además de desguazar a las instituciones de la cultura. De esta forma, la población no sólo ve restringido su acceso al patrimonio cultural existente, sino, también, a todo aquello que está en vías de desarrollarse, dado que se destruirían las herramientas institucionales por las cuales las/os artistas hacen posible sus proyectos culturales.
¿Por qué digo que se destruirían las herramientas institucionales? La llamada “Ley Ómnibus”, dentro del capítulo III, titulado: CULTURA, tiene por fin derogar el decreto ley 1224/ 1958, por el cual se conforma el Fondo Nacional de las Artes; La Ley 24800/97, por el cual se constituye el Instituto Nacional del Teatro (INT); la modificación del Instituto Nacional de Música (INAMU), que pasaría de ser un ente estatal no gubernamental a ser un programa de la Secretaría de Cultura, con lo cual, le eliminan fondos, además de eliminarle el artículo donde exige la participación de bandas nacionales en shows internacionales; y otros similares atropellos en relación a la Comisión de Bibliotecas Populares, La Ley de Defensa de la Actividad Librera y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Es bueno recordar que nuestro país tiene una larga trayectoria en institucionalizar y dar un carácter normativo a la cultura. La cultura, siempre, fue un bien de la República. En el año 1913, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña, se formaliza la Ley 9143, en cuyo artículo primero dice: «Institúyese un premio permanente, para el fomento de la producción científica y literaria en la República», este premio fue otorgado a Arturo Capdevila, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges, Manuel J. Castilla, Juan Gelman, Francisco Madariaga, Diana Bellessi, entre tantas/os otras/os.
En el año 1958, se dicta el Decreto Ley 1224, con el cual se crea el Fondo Nacional de las Artes (FNA), el cual, ha financiado algunos emprendimientos de memorables artistas de nuestro país: Piazzola pudo comprarse un piano, Antonio Berni pudo construir un taller para sus artes plásticas, Alejandra Pizarnik pudo viajar a la Sorbona y perfeccionarse en Francia. No obstante, cabe destacar que, hoy día, con Becas de creación y de perfeccionamiento llegan a múltiples disciplinas: Fotografía, Pintura, Letras, Música, Artesanías, Artes Audiovisuales, Patrimonio, etc., ante miles de artistas en todo el largo y el ancho de nuestro país. También, el FNA otorga préstamos, subsidios y elabora concursos en las diferentes disciplinas, por las cuales, cada artista o autor/a cobra un premio que, también, permite concretar sus proyectos.
Lo importante es que el FNA es un ente autárquico, que se financia por Carta Orgánica, con un gravamen denominado dominio público pagante, que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor (en la mayoría de los casos a los 70 años de la muerte del autor). También, tenemos ingresos obtenidos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos.
Las sombras que no se disipan
No es extraño que, ante una ley que busca cambiar totalmente la legislación laboral y sustraer derechos, busquen derogar los decretos y las leyes que sustentan la cultura, ya que, es el fusible por el cual sale el clamor del pueblo bajo posturas totalitarias y monolíticas.
Sin ir tan lejos en el tiempo, pensemos en la última Dictadura cívico-militar en la Argentina (1976-1983), donde cientos de artistas debían emigrar del país por no aceptar ser silenciados, por pensar diferente, por verse amenazados en su integridad personal dentro de la barbarie sistemática de desapariciones y asesinatos realizado por el terrorismo de Estado. Entre los exiliados, podemos recordar a Mercedes Sosa, León Gieco, Alfredo Zitarrosa, Juan Gelman, Héctor Tizón, Osvaldo Bayer, Alberto Szpunberg y tantas/os otras/os… la lista es interminable.
Así podríamos pensar que lo que antes se lograba por ejercer la fuerza y la violencia, ahora, es por ejercer una ley que otorgue facultades especiales al presidente. De esta forma, podría armar y desarmar a su antojo la vida de las/os argentinas/os sin que estas/os puedan protestar, ya que, de hacerlo, serían encarcelados según el artículo 331 del proyecto de ley.
Podríamos decir que, con esta ley ómnibus, buscarían articular nuevos parámetros para las relaciones comerciales, donde el que más tiene más derechos posee y el que menos tiene menos derechos ejerce. Frente a esta realidad, no podemos olvidar el intento de la senadora por Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, que, por los años 2016 y 2018, impulsaba un proyecto de ley donde las grandes cadenas hoteleras se verían exceptuadas del pago de los derechos intelectuales. Recordemos el comunicado de AADI “Cepo a los Derechos Intelectuales” o de la Federación de Argentina de Músicos Independientes (FAMI) que se expresaron en el mismo sentido.
Pero, el proyecto libertario no se queda sólo en eso, sino, que, también, pretende que los mecanismos para imponer esas normativas no tengan a futuro “ninguna mancha de ilegalidad”. Querrían sacar de cuajo la posibilidad de reprimir sin ser juzgados, buscarían articular y perfeccionar el aparato legal en función del aparato represor. Por lo tanto, el otro objetivo es la criminalización de las protestas y, paralelamente, el empobrecimiento del pueblo, que queda atado a la economía del derrame y desposeído del acceso a la cultura.
La resistencia, una luz de esperanza
Lo que ha provocado este nefasto proyecto de ley es que miles de artistas se estén organizando y manifestando en las redes sociales y en las calles de las ciudades que tienen mayor cantidad de habitantes. Es que debemos entender que no sólo se ve afectada la vida y la producción artística de miles de trabajadoras/es de la cultura. También, está en juego el acceso a la cultura.
Como decía Enrique Santos Discépolo, en el tango Cambalache: “Vivimos revolca’os en un merengue/ y, en el mismo lodo, todos manosea’os”. Es que, al estar la vida cultural supeditada a un proyecto de mercado, absolutamente todas las actividades deben ser aranceladas y las que no lo sean no pueden ser llamadas gratuitas, sino, que debe destacarse que es de una presentación de libre acceso solventada con los tributos de los contribuyentes.
Me pregunto, ¿cuántos espectáculos de fiestas populares, de fiestas provinciales y comunales se perderían de esta forma? ¿Cuántas/os artistas que, anteriormente, eran contratados se verán afectados por esta normativa?
La resistencia es un NO al exilio de artistas, es un NO al vacío laboral. Vaciar la cultura es vaciar al país de sus símbolos, es vaciar al país de las tantas formas de canalizar el presente y el pasado, como, también, de proyectar la voz de un pueblo que busca poder verse representado con dignidad.
Otra vez, el gran núcleo de artistas y trabajadoras/es de la cultura se une para levantar la voz. Eso sí, habrá que mirar atentamente quiénes son las/os diputadas/os y senadoras/es que nos dan la espalda y quiénes son aquellas/os que nos apoyan. No sea que, ante la batería de atropellos, la cultura quede como una moneda de cambio en el camino de las profundas transformaciones que se quieren evitar. En ese sentido, podemos hacer parte de nuestra piel aquellos versos de Yupanqui: “Si alguna vuelta he cantao / ante panzudos patrones, / he picañao las razones / profundas del pobrerío: / Yo no traiciono a los míos / por palmas ni patacones”.
Es necesario destacar que hermenéutica y praxis deben ir de la mano, que decir NO al desguace de las instituciones de la cultura es defender el derecho a trabajar y crear por miles de artistas y, también, es defender el derecho al acceso a la cultura. Digamos NO a la ley ómnibus para poder tener en nuestras mesas el pan y no tener que conformarnos con las migas.
Sergio Geese es poeta, investigador literario y letrista.
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