Trabajo. El Gobierno intenta concretar una de las reformas «estructurales» que reclama el poder económico.
Foto: Jorge Aloy.
(Nota publicada en Revista Acción el 3 de noviembre de 2025).
Asistimos a un momento muy paradojal tanto para el oficialismo como para la oposición, ya que siempre que ocurre algo inesperado se genera una inevitable perplejidad. Lo inesperado, para propios y extraños, fue el triunfo del mileísmo. El oficialismo y la prensa hegemónica que lo apoya esperaban una derrota, en algunos casos por una mínima diferencia, en otros con mayor amplitud. La oposición también auguraba una derrota del Gobierno.
Para unos y otros esa percepción tenía un sólido fundamento. En los meses previos a la elección se evidenció un deterioro en el nivel de vida de las grandes mayorías, se instaló y generalizó la idea de «no llego a fin de mes», se profundizó la caída del salario, las jubilaciones y de todo el sector de ingresos fijos. A esa situación se agregó la macroeconomía con escasez de dólares y de reservas, que generó una situación de zozobra, sumada a los casos de corrupción que tuvieron fuerte impacto en la opinión pública.
Sin embargo, esto no se reflejó en el resultado electoral, que responde a otras cuestiones, que en muchos de los casos estaban soterradas, como el miedo al abismo que ocurriría si el Gobierno era derrotado, y la potenciación del voto antiperonista, que en esta ocasión se volvió a expresar, a diferencia de las elecciones bonaerenses de septiembre.
Batalla cultural
Ante este nuevo cuadro se plantea una clara ofensiva de los sectores de derecha y desde el propio Gobierno, impulsados por el establishment internacional, muy particularmente por Estados Unidos, que jugó un papel determinante en el salvataje del Gobierno y en la articulación discursiva en torno a la presión sobre la sociedad ante la disyuntiva del abismo, y también de los grandes empresarios locales que se reacomodan frente al triunfo y exigen al Gobierno «ir por todo». Esta idea está ligada a las tres leyes que denominan reformas estructurales o de base, comenzando por la que está en juego en este momento, la reforma laboral.
Frente a esta iniciativa, que el Gobierno impulsa con gran determinación, se van alineando los distintos sectores sociales que serán impactados por esta ley.
Aliados. Milei con Trump: el estadounidense jugó un rol determinante en el proceso electoral. Foto: @OPRArgentina.
El principal argumento del establishment empresario es que con esta ley se va a generar trabajo. Afirman que flexibilizar las condiciones de contratación posibilitaría que se incremente la demanda de trabajo. Si bien soslayan que el objetivo central es recortar derechos laborales, mediante esa consigna intentan conectar con una situación real: la desocupación existente, muchos sectores que están bajo amenaza de perder el empleo y, al mismo tiempo, la creciente presencia de amplias franjas de trabajo precario. De ahí que la batalla cultural en torno a esta iniciativa es crucial.
La historia de nuestro país muestra que en todas las circunstancias en que se aplicaron estas reformas antiderechos no generaron nuevos puestos laborales. En cambio, lo que sí generó siempre crecimiento del trabajo fue el incremento de la producción por la expansión de la demanda del mercado interno, a partir de que mejoren los ingresos de los trabajadores. En esos contextos, los sectores productivos, tanto grandes como pequeños, fueron incorporando nuevos trabajadores. Los números y las estadísticas son muy elocuentes al respecto. En los períodos de crecimiento del mercado interno se llegaron a incorporar 3 millones de nuevos puestos de trabajo.
Por lo tanto, esta controversia ideológica está ligada al objetivo de las grandes corporaciones de mejorar su rentabilidad. Eso es lo que está en juego.
Pensar el 2026
En cuanto a la oposición, va avanzando la idea de que la fase de debate para desentrañar las causas de la derrota electoral, debe dar paso a la imprescindible reflexión, sin concesiones y comprometida con el futuro, acerca de la construcción de una alternativa política renovada frente al proyecto de la ultraderecha que se propone, como decíamos, «ir por todo».
Consecuentemente, el eje temporal de ese debate debiera ser plantear y organizar las acciones para 2026, desde lo cual se cimentará la perspectiva hacia 2027. Es decir, no privilegiar en este momento la elección del 27 y sus respectivos espacios de poder, sino cómo se va a actuar en lo inmediato frente a la acción del Gobierno.
Ciertamente lo primero y excluyente es la unidad de las fuerzas políticas en un bloque muy amplio que incluya a organizaciones sociales, sindicales, de la cultura, feministas, de las universidades, científicos, etcétera, entre muchos otros sectores que aspiren a un modelo de país diferente al actual, con una perspectiva progresista.
La experiencia histórica demuestra que sin unidad será más factible que se instituya una perspectiva de derrota para la oposición. Por lo tanto, se impondría dejar de lado las disputas por espacios de poder, alejadas de los problemas y demandas del pueblo, y asumir el reto esencial de presentar propuestas y narrativas que encarnen con las necesidades cotidianas y el horizonte de vida de las ciudadanas y los ciudadanos.
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