De espaldas al pueblo

(Nota publicada en Revista Acción el 11 de febrero de 2026).

Aun en pleno verano, volvemos a tener una semana de alto voltaje político a partir de la iniciativa del Gobierno nacional de impulsar la ley que denominó de «reforma laboral», junto a la Ley de Glaciares y a la Ley Penal Juvenil. Iniciativas que, más allá de los resultados en la Cámara de Senadores, generarán un amplio debate, no sólo en el recinto sino también en la opinión pública. Cabe señalar que este aspecto está relativizado por la época del año en la que se trata la iniciativa, en la que una buena parte de la sociedad está de vacaciones o fuera de su actividad habitual. Hubiera correspondido que se tratara en las sesiones ordinarias a partir del mes de marzo, para favorecer el debate en torno a iniciativas que, de aprobarse, modificarán la vida de millones de personas.

Más allá de las negociaciones con gobernadores y las dirigencias políticas, ciertamente hay vastos sectores que se oponen, muy particularmente el de los trabajadores, ya que esta ley afecta directamente la base de sustentación en materia de derechos laborales y sociales que se ha ido articulando a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI.

El Gobierno ejerce la presión, que algunos consideran extorsión, a las provincias para doblegar la voluntad de los legisladores, con la anuencia de los Gobiernos liberales y de derecha, además de peronistas «amigables» que mandan a votar leyes atentatorias contra la vida de las mayorías sociales, que incluyen a la ciudadanía de sus propias provincias.

Esta ley tan trascendente, de ser aprobada en general y más allá de lo que pudiera ocurrir en particular, luego irá a Diputados, por lo tanto será el centro de la contienda política del mes de febrero. La ofensiva incluye la trascendente reforma de la Ley de Glaciares y del régimen penal juvenil, iniciativas que pretenden sacar en tiempo récord.

Se debe tener en cuenta que estas iniciativas tienen otro trasfondo: tratar de cumplir con demandas de las corporaciones empresarias, el Fondo Monetario Internacional y las fuerzas políticas conservadoras afines al Gobierno.

Las calles hablan

Los editorialistas de los principales medios hegemónicos dan por descontado el triunfo del Gobierno y relativizan las movilizaciones en plazas y avenidas, que ya hubo en Córdoba, y que habrá el martes 10 en Rosario y el miércoles 11 en la Capital Federal, convocadas por las organizaciones sindicales, partidos políticos, feminismos, científicos y otros sectores culturales.

El argumento principal del mileismo es un sofisma, ya que la eliminación de los derechos laborales y el debilitamiento de las organizaciones sindicales indicadas como la vía para crear empleo fueron utilizados en diversas épocas con iniciativas flexibilizadoras y «modernizadoras» que nunca lograron los resultados enunciados.

Por otra parte, el denominado capítulo fiscal también genera una gran controversia por dos razones: es inconstitucional, ya que las iniciativa tributarias deben tener como cámara de origen a la de Diputados, y deben tener un tratamiento especial y no ser tratadas en medio de otra ley, en este caso la laboral.

Pero además, la reducción de diversos impuestos a las sociedades generará una transferencia muy importante de riquezas a favor de las corporaciones empresarias, que desfinanciarán al Estado y muy particularmente a la Anses, o sea, al sector de los jubilados.