Fuerte oposición del sector editorial a la derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera impulsada por el Gobierno

La Ley 25.542 de Precio Uniforme de Venta al Público de Libros, conocida como Ley de Defensa de la Actividad Librera, regula que el valor fijado por el/la editor/a sea el mismo en todo el país y en cualquier canal de venta, de este modo, crea un precio único del libro no para intervenir en el mercado, sino para garantizar que el mercado no limite el acceso a la cultura. Su objetivo es que haya más librerías, más editoriales, más autoras/es y que los/as lectores/as tengan más libros entre los cuales elegir. Por esto, la Cámara Argentina del Libro (CAL) y otros espacios vinculados al sector rechazaron de modo unánime el anteproyecto impulsado por el Gobierno Nacional que postula la derogación de dicha ley, ya que dicha medida desprotege a las librerías independientes y empobrece la diversidad cultural, es decir, favorece la concentración del mercado y pone en riesgo la bibliodiversidad.

Destacamos que esta ley constituye una herramienta fundamental de política pública para promover el acceso al libro y a la lectura, fortalecer la producción editorial nacional y preservar una red federal de librerías que garantice a la ciudadanía una oferta amplia, diversa y plural. Por otro lado, la ley permite la defensa de las pyme, ya que evita que grandes cadenas y plataformas realicen políticas de descuento agresivas que dañen a los comercios de barrio y su eliminación daría lugar a la concentración del mercado y pondría en riesgo a las editoriales medianas y pequeñas.

La CAL, entidad que agrupa a 500 editoriales pequeñas y medianas de todo el país, explicó de este modo cuáles son los motivos por los cuales no debe ser derogada la ley antes mencionada: «sancionada en 2001, establece que el editor fija el precio de venta al público de cada libro y que dicho precio debe ser respetado en todos los canales de comercialización (librerías, cadenas comerciales, supermercados o plataformas de venta en línea). Este sistema reconoce la naturaleza dual del libro, como un bien económico, pero sobre todo como un bien cultural cuya circulación resulta esencial para el ejercicio del derecho a la educación, el acceso al conocimiento, la libertad de expresión y la diversidad cultural.

El precio uniforme no elimina la competencia, por el contrario, la orienta hacia la calidad del servicio, el asesoramiento, la amplitud del catálogo y la promoción de nuevos autores, lo que evita que la competencia se reduzca exclusivamente a la capacidad financiera para ofrecer un precio menor. De este modo, permite que librerías, cadenas y plataformas compitan en condiciones más equilibradas, lo que favorece la existencia de una red diversa de puntos de venta en todo el país.                         

La eliminación del precio uniforme permitiría que grandes actores y plataformas utilicen políticas agresivas de descuentos para desplazar a las librerías, especialmente en ciudades del interior y en los barrios, provocando el progresivo cierre de estos comercios y reduciendo la competencia real. La experiencia internacional demuestra que, una vez producida esa concentración, disminuye la diversidad de títulos disponibles y se debilita el acceso de los lectores a una oferta plural.

La bibliodiversidad constituye uno de los principales valores del ecosistema editorial argentino. Gracias a ella conviven grandes grupos con cientos de pymes editoriales que publican obras de autores nacionales, investigaciones académicas, literatura infantil y juvenil, ensayo, poesía, pensamiento crítico y numerosas expresiones culturales que difícilmente encontrarían espacio en un mercado dominado exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata. La preservación de esa diversidad depende, en buena medida, de la existencia de una red de librerías distribuida en todo el país y de reglas de comercialización que garanticen condiciones equitativas para todos los actores.

Esa gran oferta librera, además, sostiene el trabajo de autores, escritores, diseñadores, traductores, ilustradores, correctores, el de cientos de editoriales y distribuidoras argentinas, es decir, toda la industria del libro que genera trabajo genuino y que desde 2001 a la fecha ha tenido un crecimiento reconocido a nivel regional y mundial.

Argentina ha construido, durante décadas, un sector editorial y una red de librerías reconocidos como referentes en América Latina. Este entramado constituye un activo estratégico para el desarrollo cultural, educativo y económico del país. No se trata de una norma destinada a proteger intereses sectoriales, sino de una política pública que busca preservar un ecosistema cultural estratégico para el país.

La experiencia comparada demuestra la eficacia de sistemas de precio fijo del libro. Países con una sólida tradición editorial y cultural como España, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Japón o Corea del Sur, entre otros, los sostienen.

Existen datos concretos que muestran los efectos positivos de la ley desde su sanción en 2001:

1. Se triplicó la cantidad de novedades editoriales publicadas en el país.

2. Se duplicó la cantidad de editoriales.

3. La Argentina cuenta con una red de aproximadamente 1.500 librerías, una de las mayores densidades de librerías por habitante de la región.

4. Se amplió significativamente la cantidad de autores publicados en todos los géneros y segmentos: literatura, libros infantiles y juveniles, ensayo, literatura de género, publicaciones académicas, entre otros.

5. El precio uniforme aporta estabilidad al mercado, facilita el cálculo transparente de las regalías y contribuye a combatir la piratería, ya que el precio de referencia permite diferenciar las ediciones legales de las copias ilegales, que habitualmente se comercializan a valores inferiores.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Ley de Defensa de la Actividad Librera cuenta con un consenso excepcional dentro del sector. Editores, autores, libreros, distribuidores y empresas de distintos tamaños y características coinciden en reconocerla como una herramienta beneficiosa para el desarrollo del ecosistema editorial argentino.

Su derogación pondría en riesgo ese desarrollo, favoreciendo la concentración del mercado, debilitando la producción editorial independiente, afectando el acceso al libro en numerosas localidades del país y empobreciendo la diversidad cultural hoy disponible para los lectores.

Por todo ello, defender la Ley N.º 25.542 tiene un objetivo primordial y fundamental que es el sostenimiento de una política pública que ha demostrado ser eficaz para fortalecer el ecosistema del libro y que nos permite seguir construyendo una industria y un sector fuerte y diverso, del cual nos enorgullecemos como país».

Santiago Julián Alonso es artista visual, escritor, dramaturgo, licenciado en Letras (UBA), periodista e investigador en el Centro Cultural de la Cooperación. Vive en Villa Ciudad Parque, Córdoba.