(Nota publicada en Revista Acción el 31 de agosto de 2026).
La semana pasada el Parlamento ha sido nuevamente caja de resonancia de diversas situaciones políticas en las que el Gobierno tuvo resultados dispares y contradictorios. Venía de una derrota en su iniciativa de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se instaló en la sociedad como «Ley de Extranjerización de la Tierra», y la de Manejo del Fuego.
Días pasados el oficialismo obtuvo un triunfo importante en Diputados con la media sanción a su proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En este punto se debe registrar una situación contradictoria, ya que entre los 144 diputados que aprobaron esta reforma, había muchos que también formaron parte de los 133 que se pronunciaron en favor de que la Cámara trate los proyectos presentados por distintos bloques vinculados a la morosidad de las familias. En este tema, como es público, el Gobierno se viene desentendiendo, ya que considera que, como dijo Javier Milei, «nadie les puso una pistola en la cabeza» a los endeudados, y se trata de un problema entre privados, en el que el Gobierno no debe intervenir.
Esa postura del presidente está ligada a la intención de que la opinión pública no llegue a la conclusión de que la morosidad de casi seis millones de personas es una consecuencia de las políticas de su Gobierno, fundamentalmente las relacionadas con la caída de los salarios, las jubilaciones y los ingresos en general, alcanzando incluso a amplios sectores de las capas medias, todo lo cual fue provocando que la gente se endeude para hacerse de productos básicos de la canasta alimentaria y de salud, y que luego no pueda pagar dichos créditos.
Diálogos
En cuanto a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, es imprescindible señalar que tiene el objetivo de blindar el modelo, con el propósito de que la política monetaria esté escindida del proyecto político general de un Gobierno, y muy particularmente excluyendo de su parte dogmática lo que plantea la actual en relación a la equidad social y a contribuir a la promoción del pleno empleo.
Todo indica que la aprobación de esta iniciativa, a diferencia de los señalados proyectos fallidos del oficialismo, está ligada a su bajo impacto en la opinión pública. Lo contrario a lo que ocurrió con la extranjerización de tierras, el manejo del fuego y que ahora sucede con los proyectos de endeudamiento. Una conclusión a destacar es que el Parlamento no puede sustraerse de las sensaciones y manifestaciones de la ciudadanía sobre los diversos temas.
Cierto es que también influye la presión del Gobierno sobre un grupo de gobernadores y sus respectivos legisladores, los denominados dialoguistas, quienes negocian votos a cambio de determinadas prerrogativas circunstanciales, como alguna partida presupuestaria, la resolución de alguna obra pública en su distrito, e inclusive futuros acuerdos electorales con el oficialismo.
Malas palabras
Todo este panorama se fue oscureciendo a partir del abandono del ostracismo en el que estaba el presidente de la nación y su fuerte presencia mediática en la que continuó agrediendo al periodismo y los medios de comunicación, a sectores de la cultura, incluso a ciudadanos comunes, coronando esta conducta con el adoctrinamiento planteado en la escuela ORT de Buenos Aires ante estudiantes menores de edad.
De cualquier manera, hay una cuestión muy determinante: el establishment mantiene su apoyo a las políticas económicas del Gobierno y declara que, más allá de las críticas que se puedan hacer al presidente por sus formas de expresarse, «el modelo debe continuar» y el rumbo no debe ser alterado.
Por su parte, la oposición se vio alentada por las reuniones de sus referentes, estimulados por el desgaste del Gobierno a nivel social, con el propósito principal de cerrarle el avance a la derecha en su estrategia de eliminar las PASO para obstaculizar una herramienta que podría hacer posible la unidad de gran parte del arco opositor.
Todo indica que, para concitar mayor adhesión de la ciudadanía, las fuerzas políticas de la oposición deberían avanzar hacia un debate político y programático para ofrecerle al electorado una alternativa opuesta al actual proyecto del mileísmo y sus aliados, sostenido en buena medida por sectores del poder económico local e internacional, particularmente por el FMI y el Gobierno de Donald Trump.