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¿Una cultura sin ley?

¿Cómo debería ser, en principio, un nuevo Gobierno Nacional de la Cultura? Hay sectores del medio académico y político que subestiman la necesidad de contar con una Ley Federal de la Cultura (FAD), que organice las formas de gestión de un Ministerio. Estos mismos sectores, confirman que, para un Gobierno de la Cultura, sólo hace falta tener un buen presupuesto y programas para los distintos sectores a los que hay que atender, según las demandas de cada coyuntura, y respaldar económicamente, según los alcances y requerimientos de cada proyecto. Por otro lado, estamos los que pensamos que una Ley Federal de la Cultura es necesaria, justamente, para establecer gobiernos de la cultura con un funcionamiento orgánico, sistemático y con objetivos que se puedan verificar a lo largo del tiempo.

Tradicionalmente en nuestro país, lo que tuvimos, siempre, fue una Secretaría de Cultura de la Nación.  Luego de haber conquistado un Ministerio de Cultura, volvimos al mismo esquema, pero, con una Secretaría mucho más devaluada en su tarea política y, prácticamente, desfinanciada por el gobierno macrista. No obstante, en los momentos de mayor capacidad de gestión político cultural, la Secretaría de Cultura de la Nación tuvo dificultades para relacionar políticas culturales orgánicas a nivel nacional y para alcanzar una armonía de gobierno con las distintas instituciones nacionales de la cultura. La Secretaría Nacional de Cultura, siempre, representó una de las islas más grandes dentro de un gran archipiélago de instituciones que funcionaban circularmente alrededor de la Secretaría, pero, imposibilitadas de establecer políticas nacionales consensuadas. Esto no quita reconocer que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional del Teatro (INT) o el Fondo Nacional de las Artes (FNA), tengan que perder, necesariamente, sus autonomías de gestión o autarquías económicas. Cuando uno piensa en un Ministerio de Cultura y en una Ley Nacional de Cultura no está considerando gestiones corporativas o altamente centralizadas. Todo lo contrario, se trata, justamente, de organizar un sistema centralizado y, a la vez, con alta capacidad de descentralización, democrático y federal.

Pero, a la falta de una organicidad nacional y de una centralidad cultural democrática se agregan las grandes diferencias en los sistemas de producción cultural del país; donde, por ejemplo, el 70% u 80% de las industrias culturales se concentran en la Ciudad de Buenos Aires. A ello hay que agregar las grandes diferencias en la calidad institucional que tiene cada provincia con sus gobiernos de la cultura: hay provincias que tienen Ministerio, otras Secretaría de Cultura y, en otros casos, Secretarías de Cultura y Turismo. La distribución en la producción cultural, a nivel nacional, y los consumos culturales, también, son muy poco equitativos.

Pensar en  un sistema de gobierno centralizado de la cultura no inhabilita para nada tener, a la vez, un gran gobierno descentralizado y realmente federal, democrático y participativo.

A todo ello hay que agregar la necesidad de completar la vida institucional de la cultura: hace falta un Instituto Nacional del Libro, un Instituto Nacional de Danza y un Instituto Nacional del Arte y la Cultura para la Infancia. Y una coordinación institucional nacional integral, asociada a las políticas culturales públicas de un Ministerio de Cultura que tenga excelencia en su gestión y un presupuesto conveniente.

Por eso, es tan importante contar con una Ley Federal de la Cultura para integrar al país en todas las direcciones posibles. Una Ley cuya Autoridad de Aplicación sea, justamente, el propio Ministerio de Cultura.

Una Ley Federal de la Cultura que contemple el desarrollo de políticas culturales respetando la diversidad cultural, étnica, lingüística y de género y la protección del patrimonio cultural de cada pueblo. Que reconozca a los trabajadores y trabajadoras de la cultura como los productores de bienes culturales, tanto tangibles como intangibles, y que se les garantice convenciones colectivas de trabajo. Una ley que contemple un Consejo Federal de la Cultura como organismo que asocie las políticas públicas de las provincias y asesore a las autoridades nacionales de un Ministerio, para impulsar el desarrollo federal democrático, participativo y plural. Una Ley Federal de la Cultura que atienda las necesarias coordinaciones con las políticas públicas para la educación artística, la comunicación, la ciencia y la tecnología. Y, por cierto, que reconozca un presupuesto para toda la actividad cultural nacional.

Debemos, también, discutir las formas de gobierno ante los nuevos paradigmas, considerando que tenemos un sistema institucional asociado a las condiciones del siglo pasado y estamos ingresando en una nueva época,  que debe ser atendida como corresponde. Dese la revista Con Fervor, estimulamos una Ley Federal de la Cultura, como la que está impulsando el diputado Daniel Filmus desde la Presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación.  Apostamos a que el próximo Gobierno que se elija este año cuente, en el futuro, con un Ministerio de Cultura y con una Ley que le dé organicidad a la vida cultural en nuestro país.

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