DestacadasPolítica Cultural

Sobre el proyecto de Ley de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino

Resulta paradójico que, en un país en el cual el mayor acontecimiento político y social (y hasta económico) del año haya sido la aparición de un libro –Sinceramente, de Cristina Fernández de Kirchner, editado por Sudamericana, con 320 mil ejemplares agotados en quince días y una ganancia en ventas que ronda los 200 millones de pesos–, no exista una ley que defienda y potencie la dimensión del libro.

La presentación del proyecto de ley del Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA)  –llevada adelante por el diputado nacional (FPV) Daniel Filmus y que cuenta con el apoyo del presidente de la Comisión de Educación, José Luis Riccardo (UCR)– se observa como el primer paso para saldar una deuda que el Estado tiene para con “la creación, producción y comercialización del libro, así como contribuir a la ampliación del número de lectores mediante el fortalecimiento del acceso democrático, igualitario y federal al libro”, como propone el primer artículo del mencionado proyecto.

Quizás, indagando en la historia del libro en el país, más que de deuda, sería oportuno hablar de resarcimiento ¿Por qué? Muy simple, los datos históricos señalan que la primera imprenta asentada en territorio argentino fue la de los curas Juan Neumann (austríaco) y José Serrano (español), en el año 1630 en la reducción de Loreto, en Misiones. Coincidente con lo que hoy podría llamarse una clara política editorial, aquella imprenta publicó libros escritos en guaraní sobre temas religiosos y de historia de las reducciones. La segunda imprenta, recién, llegaría a principios del siglo XVIII y en Córdoba, de la mano del también cura Manuel Querini, rector de la universidad de esa provincia, que la ubicó en el Colegio Monserrat. Los trabajos continuaron hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, momento en el cual la imprenta fue abandonada. Doce años después, el virrey Juan José Vértiz gestionó para que las máquinas fueran trasladadas a Buenos Aires, a la Casa de Niños Expósitos, donde comenzó a publicar. Hasta el año de la Revolución, se habían editado allí más de quinientos títulos (documentos oficiales y obras doctrinales, pero, también, El contrato social, de Rousseau, traducido y prologado por Mariano Moreno, quien, asimismo, aportó su Representación de los hacendados al catálogo), pero, en 1830, el por entonces presidente unitario Bernardino Rivadavia, puso en práctica la que se podría denominar como la primera decisión estatal sobre el libro: mandó fundir los plomos de la imprenta para hacer las balas que se dispararían contra las montoneras de Facundo Quiroga.

Hoy, casi 190 años después, los fundamentos del proyecto quieren remediar, mucho o todo, de esos desaciertos al señalar que “las políticas públicas en el ámbito del libro han sido en buena medida oscilantes y limitadas. De hecho, gran parte del declive a largo plazo de la edición argentina y de los estímulos a la lectura se explican, también, por la ausencia de políticas sostenidas”. Y es por eso que es notoria la ausencia de voces disonantes al proyecto.

Lo especificado en cuanto a convocatoria por Alejandro Dujovne, investigador del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín e integrante del equipo redactor del proyecto, es concreto: “Editores, libreros, imprenteros, escritores. Hemos pensado este proyecto a partir de las experiencias de distintos institutos del libro en otros países y de los institutos culturales existentes en el país, tratando de ver aquellos aspectos positivos y aquellos que deberían mejorarse. Obviamente, cada uno de los actores tiene visiones e intereses particulares que, a veces, coinciden y, a veces, no. El punto es cómo potenciar aquellos que coinciden y, en aquellos donde no coinciden, encontrar alguna clase de equilibrio, que eso no impida que el conjunto funcione. La novedad del INLA es que crea una instancia en el marco del Estado para el diseño e implementación de políticas públicas en favor del libro. Se piensa el libro no sólo en su faz material y de promoción de la industria, sino que también, apunta a fortalecer al conjunto de los actores que contribuyen en la producción y formación de valor de los libros».

Los desafíos son muchos. Como señaló la editora de literatura infantil y juvenil, Raquel Franco, “esta ley va a significar una política de desarrollo, ya que en la actualidad sólo el 10 o 15 por ciento de los editores pueden exportar, porque, sin un apoyo institucional no hay posibilidad de instalarse y crecer en el sector”. O lo expresado por Víctor Malumián, de Ediciones Godot: “El editor pequeño que cree que puede funcionar sin una red fuerte de librerías independientes o chicas está completamente loco. El proyecto de la creación de un Instituto Nacional del Libro Argentino es una buena noticia que hay que seguir de cerca y ver de qué modo evoluciona. Hay que ver cómo se van a obtener los fondos y, luego, la manera en que se van a instrumentar las políticas. Creo que hay que apoyar un proyecto cuyo objetivo es hacer políticas públicas referidas al libro”.

Los libreros, también, apuestan al proyecto para revertir sus problemas. Ecequiel Leder Kremer, de librería Hernández, señala que “el negocio de librería, teniendo en cuenta la estrepitosa caída de ventas y el exponencial aumento de los servicios y de todos los costos de gestión, es prácticamente imposible de llevar adelante, pero, las librerías somos resistentes, somos difíciles de borrar del mapa”. Y advierte que “esta crisis, de alguna manera, nos plantea una perspectiva distinta, porque, más que una crisis parece consolidarse como un estado de situación: una nueva forma de la economía donde el mercado interno y el comercio minorista ven seriamente dañada su actividad”.

Los escritores, también, aportaron lo suyo. Claudia Piñeiro acompaña el proyecto porque “el libro debe ser protegido y cuidado para que llegue más allá de las fronteras. La ley brinda un sentido federal para que el libro sea accesible en todas partes del país y sea un buen ejemplo para la democracia. Es muy importante tener un Instituto Nacional del Libro Argentino ya que, hoy, al libro nadie lo protege. Es fundamental, en épocas de crisis, como esta. Coincido con algunos compañeros que opinan que a la ley le faltan cosas en general, pero, la política es el arte de lo posible. Ahora, no tenemos nada y podemos tener esto que está muy bien. Con el tiempo seguiremos luchando para que nos den otras leyes que protejan nuestro trabajo y que pueden ir por separado». Por su parte, el filósofo y escritor Darío Sztajnszrajber destacó que “hay convergencia de todos los actores involucrados para instalar en el Estado este nuevo espacio que pueda combatir el mercado monopólico y la falta de acceso generalizado y de promoción”. O como sentenció Daniel Guebel: “No hay construcción de realidad sin palabras, sin políticas de Estado”.

Esta es una época de concentración despiadada en el mundo editorial. En la última encuesta realizada en 2015 por la Cámara Argentina de Publicaciones, de las 2000 editoriales inscriptas en el ISBN de entonces, el 10 por ciento correspondía a las grandes (las que publican más de 100 títulos por año) y representaban el 58 por ciento de la producción; el 43 eran medianas (entre 20 y 99 libros anuales) y dominaban el 32 por ciento del mercado, en tanto que, el 47, eran consideradas pequeñas (menos de 20 títulos) y en las estadísticas ocupaban el 10 por ciento del total de lo publicado. En los últimos tres años, las cifras variaron y para peor, logrando una situación monopólica entre los dos grandes grupos afincados en el país.

El grupo Penguin Random House tiene bajo su órbita los sellos Aguilar, Alfaguara, Alfaguara infantil y juvenil, Altea, Arena, B Comic, B de Block, B de Bolsillo, B de Books, Beascoa, Caballo de Troya, Caligrama, Cisne, Cliper, Collins, Companhia das Letras, Conecta, Debate, Debolsillo, B, Flash, Grijalbo, Literatura Random House, Lumen, Montena, Nova, Nube de Tinta, Objetiva, Origen, Origen Kids, Penguin Clásicos, Plan B, Plaza y Janés, Random Cómics, Rservoir Books, Rosa Dels Vents, Sudamericana, Suma de Letras, Taurus y Vergara. El Grupo Planeta tiene Alienta Editorial, Austral, Backlist, Booket, Click Ediciones, Destino Infantil y Juvenil, Deusto, Ediciones Corín Tellado, Ediciones Destino, Ediciones Luciérnaga, Ediciones Martínez Roca, Ediciones Oniro, Ediciones Península, Ediciones Paídós, Temas de Hoy, Editorial Ariel, Editorial Crítica, Editorial Planeta, El Aleph Editores, Emecé Editores, Esencia, Espasa, Espasa Infantil, Fundación José Manuel Lara, GeoPlaneta, Gestión 2000, Lectura Plus, Libros Cúpula, Libros Disney, Lunwerg Editores, Maxitusquets, Minotauro, Noguer Ediciones, Oniro Infantil, Para Dummies, Planeta Cómocs, Planeta Gastro, Planeta Gifts, Planeta Junior, Planeta Lector, Salsa Books, Scyla ebooks, Seix Barral, Tantanfan, Timun Mas Infantil, Tusquets Editores S.A., Yoyo, Zafiro ebooks y Zenith.

Y si bien cada compra de una nueva editorial, por parte de estos pulpos, se realiza bajo el disfraz de “contar con ese prestigioso catálogo”, lo primero que se hace es descatalogar, perdiendo títulos y autores que se saldan para nunca más editarse. Es de esperar que un organismo como el INLA tenga en cuenta esta realidad (que cada vez se aproxima más a ser oligopólica) y busque las alternativas como para que las políticas de federalismo, circulación y llegada del libro a todo el país y a todos los lectores no sea para beneficio exclusivo de los dos más grandes competidores.

Como bien señala el investigador José Luis de Diego, el itinerario de los estudios históricos sobre el tema fue cambiando de óptica: a fines de los ’50, Lucien Fevbre y el joven Henri-Jean Martin enfocaban sus análisis en el objeto libro; a principios de los ’80, un Henri-Jean Martin ya adulto y el joven Roger Chartier lo modificaron por el de la edición, y, a mediados de los ’90, el adulto Chartier y el joven Guglielmo Cavallo lo cambiaron por el de la lectura. Hoy, libro-edición-lectura –como casi todo en la Argentina– está en crisis: como tríada y cada una por separado. El 15 de enero de 1958 comenzó a funcionar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en 1997 se creó el Instituto Nacional del teatro (INT) y el 28 de noviembre de 2012 se puso en marcha el Instituto Nacional de la Música (INAMU). Juicios, debates y materias pendientes mediante, algo cambió, y para bien, en esas tres disciplinas en cuanto a políticas a largo plazo. 2019 parece un buen año para que el proyecto se apruebe y el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA) comience a funcionar para poner un poco de claridad sobre el problemático universo del libro en el país.

Facebook Comments

Etiquetas

Publicaciones relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar
Ir a la barra de herramientas