Educación

(De)formación docente

Especialistas en Educación realizan un intenso análisis de la ley que crea la UNICABA y otras políticas educativas del oficialismo

Desde fines del 2017 nos encontramos en diversas provincias del país, pero, fundamentalmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una fuerte ofensiva política para la formación docente. Nos referimos a un conjunto de acciones estatales que intervienen sobre la formación docente terciaria de modos bastante paradójicos, si nos dejamos llevar por la propuesta oficialista de “mejorar la calidad educativa”. Recurrentemente, el neoliberalismo sentencia que la educación se encuentra ‘en crisis’ (Imen, 2009), y el macrismo no es una excepción. Esto habilita el diseño, desarrollo y puesta en práctica de intervenciones que ubican al docente en el centro de las llamadas reformas.

La más emblemática es la reciente ley sancionada de la Formación Docente del Sistema Educativo y Creación de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presentada en 2017 en la legislatura porteña. Pero, si incursionamos en otros casos menos conocidos mediáticamente, encontramos que, en la Provincia de Buenos Aires, San Juan y Jujuy, también, hubo intentos de cierre de profesorados. Así como trabas o cierres de los primeros años de inscripción a distintas carreras de formación docente bajo el argumento de que hay un exceso de egresados para el “mercado” existente.

Ahora bien, ¿por qué el gobierno de Cambiemos decide intervenir fuertemente en esta materia? La respuesta es que, por un lado, la UNICABA (Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) es la expresión más clara de toda una política tendiente a debilitar la formación docente pública que existe y, porque, en simultáneo, están planteando qué tipo de docente precisa su proyecto pedagógico. Que es, por ende, político. La “Revolución Educativa” del macrismo se apoya en algunas ideas centrales respecto al colectivo docente. Una es la de concebir al sindicalismo docente como una de la principales trabas para poder desarrollar una educación en situación de “normalidad”. De ello, se deriva el argumento oficialista de que los y las docentes “no quieren ser evaluados” para no dejar en evidencia que “no están aptos” para la habilidades del siglo XXI. Acompañando este diagnóstico, se instala que el y la docente requeridos deben ser meros guías (aparecen en los documentos oficiales como “aplicadores, ejecutores u orientadores”) que acompañen las trayectorias educativas. Porque, tal como están hoy, son los responsables de la “baja calidad educativa”, evidente en los malos resultados en las evaluaciones que se realizan a los y las estudiantes.

La ley votada el 22 de noviembre de 2018, se convirtió en un ejemplo paradigmático de la propuesta político-educativa macrista. El modo en que fue puesto en la escena el proyecto dice mucho de la táctica oficial. Primero, salió por los grandes diarios nacionales; luego, circuló un proyecto de muy pocos artículos; de inmediato, hubo reuniones muy controvertidas en las comunas, donde se pretendía relevar opinión y, en algunas, con la participación de funcionarios abucheados por el barrio; después, el casi nulo tratamiento legislativo, por parte del oficialismo; decenas de reuniones con rectores y rectoras; en paralelo, muchas asambleas estudiantiles con docentes, graduados y autoridades para debatir lo que nadie, desde el Gobierno, aclaraba mucho; y la aparición final de otro proyecto de ley con algunos documentos respaldatorios que buscaban ser el “diagnóstico” que habilitaba la propuesta. Finalmente, una ley sancionada con una legislatura absolutamente vallada, policías rodeando todo el edificio y hasta con episodios de represión y uso de gas lacrimógeno a estudiantes y legisladores. Sanción que se llevó a cabo con la presencia de las autoridades de los 29 profesorados de la Ciudad en el recinto y cientos de estudiantes y docentes esperando la muy probable resolución: la ley se trata, ni más ni menos, que del “principio del fin”.

Durante los 12 meses transcurridos desde que apareció el proyecto de ley, no hubo presencia de algún especialista en educación que pudiera defenderlo. El Gobierno sólo pudo ofrecer a sus funcionarios, que con discursos armados, cerrados y muy débiles argumentalmente, pudieron ir a medios de comunicación amigos. Y, a su vez, surgió una fuerte presión de la comunidad educativa, que no dejó de decir que el proyecto no resolvería ninguno de los problemas que hoy sí tenemos en los profesorados, generándose una novedosa y potente articulación entre “Los 29”.

Ilustración de Vicente Stupía
Ilustración de Vicente Stupía

En un contexto de baja del presupuesto a la educación y desfinanciamiento a la universidades públicas existentes, la creación de una nueva universidad sólo puede implicar un entramado de negociados financieros e inmobiliarios, y un ataque directo contra las historias, variedad académica, carga simbólica y co-gobierno democrático de cada uno de los profesorados. Se reafirma, entonces, otro tópico macrista que tiene que ver con que todo pasado no sirve, es hora de “refundar”. “Refundar” es pretender vaciar y/o eliminar lo que existe, crear desde cero, innovar y proponer otros objetivos acordes a lo nuevo. Esto “nuevo” es otro docente que sea más afín a un proyecto político ideológico de pretensiones exclusivistas, mercantilistas, privatizadoras y disciplinantes. La presencia de ideas propias del mundo gerencial, así como la explicitación de criterios ligados al costo-beneficio y a la “productividad”, por sobre las ponderaciones pedagógicas y educativas a lo largo de este año, dan cuenta de la fuerte retracción en ciernes de la garantía del derecho a la educación.

Lejos de proponer la discusión sobre las condiciones reales en que un docente puede ejercer su trabajo y sobre la asignaturas pendientes que tienen hoy la instituciones de formación para mejorar la trayectoria de los y las estudiantes, el oficialismo impulsa políticas que resignifican la función educativa, banalizándola. Si bien no abreva en los enfoques clásicos, que asociaban a los y las docentes a apóstoles y sacerdotes, ni mucho menos en las tradiciones críticas que los consideran como intelectuales y trabajadores de la educación, esto no implica que el macrismo sea pura novedad histórica. Mas bién, el proyecto educativo oficial combina los clásicos diagnósticos neoliberales sobre la crisis educativa, la culpabilización a los y las docentes y la necesidad de “mejora de la calidad educativa”. Se trata de políticas que necesitan de nuestro mayor esfuerzo analítico para poder comprenderlas en profundidad y de modo organizativo, para estar a la altura de estos tiempos, defendiendo y recreando la educación pública, crítica y popular.

Con el macrismo resurgen viejos debates que vinculan conceptos tales como calidad educativa, eficiencia y profesionalización de la carrera docente. Esta visión forma parte del discurso oficial en materia educativa, que pone en agenda la idea de cambio educativo o revolución educativa, como si fuera el significante vacío de su programa pedagógico. El modo en que estos debates aparecen en la escena pública excluye a la comunidad educativa en su conjunto, especialistas en educación y gremios: son generados por el Gobierno, en consonancia con medios de comunicación. Asimismo, las acciones de gobierno son presentadas como show, espectacularizando los problemas que pretenden solucionar de forma novedosa. Es novedad porque afirman que todo el pasado necesita ser dejado atrás, por lo que se evoca un futuro que empieza “aquí y ahora”. Es solución porque, en muchos casos, son propuestas que interpelan problemáticas educativas existentes y los presenta como el Gobierno que, “por fin”, se decide a dar respuesta a viejos problemas. El discurso macrista, en esta clave, se presenta como refundacional (Tzeiman, 2017) y, en materia educativa, se erige como aquel que viene a transformar la educación.

Muestra 29 en lucha, julio 2018, Centro Cultural de la Cooperación.
Muestra 29 en lucha, julio 2018, Centro Cultural de la Cooperación.

Como se pregunta críticamente Birgin (2017), acerca del perfil docente que propone el macrismo: “¿Qué lo diferencia de un vendedor de seguros o de un organizador de eventos? ¿Un docente del futuro no debe saber enseñar? ¿No debe tener una relación curiosa y crítica con los conocimientos? ¿No debe saber pedagogías? ¿No debe saber su disciplina?” Culminan el documento con lo que, a nuestro entender, es una provocación: “Se inicia ahora un tiempo de discusión e intercambio con la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, con el fin de encontrar juntos los mejores caminos para llevar adelante la mejora de la formación docente de la Ciudad” (p. 6). La comunidad educativa en general, los profesorados y especialistas en materia educativa, no fueron consultados en forma previa a que el proyecto de ley y los pocos documentos que hay a su alrededor, comenzaran a circular. Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González y presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE) refutó lo establecido en el documento en la Agencia de Noticias RedAcción:

[…] los rectores nunca fuimos consultados sobre este proyecto, incluso, a pesar de haber estado, hasta hacía diez o cinco días antes, en reuniones, siempre trabajando por problemas educativos. La presentación se hizo ante empresarios, ONGs, funcionarios y gremios. Nosotros no fuimos invitados […] La creación no es algo que está en cuestión, no decimos si estamos o no de acuerdo, es algo que queremos discutir en un marco más amplio.

Al respecto, es interesante consignar que, a mediados de mayo de 2018, prácticamente, no hubo ni intelectuales, ni docentes, ni funcionarios que hayan podido argumentar con precisión los motivos que condujeron a esta propuesta y que, con solvencia, pudieran esgrimir los fundamentos políticos y pedagógicos que la sostienen.


Natalia Stoppani y Alan Baichman son miembros del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Stoppani es responsable de formación del PSOL CABA.

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